(FECON) Retroceso a la protección ambiental y corrupción en el MAG

Retroceso a la protección ambiental y corrupción en el MAG

  • Organizaciones Ecologistas preocupados por el Ministro de Agricultura

  • Asesor principal del ministro fue cuestionado por presunta corrupción

  • Paquete de decretos del agroveneno representa un retroceso en protección ambiental y salud publica

21 de mayo 2018. Bien dice el dicho quién anda con lobos aprende a aullar. El asesor estrella del nuevo Ministro MAG Sigurd Vargas fue sancionado por la Asamblea Legislativa por un tema de conflicto de intereses tal cual costa en acta 2011-2012 –Plenario sesión -152 páginas 40 y 41 (leer adjunto) ¿debería Costa Rica seguirse exponiendo a este tipo de funcionarios?

Nos preocupa de sobre manera que el abogado de CANAPROGE (Cámara Nacional de Productos Genéricos), Sigurd Vargas Yong, sea asesor en materia de plaguicidas de su  gobierno pese a ser cuestionado en marzo de 2012 por supuesta corrupción y posible trafico de influencias. En 2002 cuando Vargas fue asesor del Servicio Fitosanitario del Estado donde contrato a empresas vinculadas a él por un monto de ciento diez mil veintinueve dólares (USD$110.029). La Comisión de Ingreso y Gasto Público recomendó prohibir al señor Vargas Yong asumir cargos públicos por un periodo de 5 años.

Además el Vargas Yong se le contrató como abogado para una “capacitación” que él organizó dirigida a las empresas registrantes, donde él no solo analiza los reglamentos vigentes, sino que expresa opiniones personales relacionadas sobre la inconveniencia e incluso ilegalidad de la participación del MINAE y el Ministerio de Salud en los procesos de evaluación de solicitudes de registro de plaguicidas. El Lic Vargas sino también en una conferencia realizada en el Colegio de Ingenieros Agrónomos el 11 de junio de 2015 a partir del momento 1:57:00  Vargas, refiriéndose al MINAE y MS indica que “no se puede dormir con el enemigo” y que “hay que expulsar a los fariseos del templo”.

Un mal que nos heredó el gobierno anterior:

El Gobierno anterior de Costa Rica nos heredó en el 2017 un paquete de decretos a favor del sector que vende agro tóxicos en Costa Rica marcando un retroceso histórico en protección ambiental frente al negocio del agro veneno. Este retroceso se desapega de los indicado por la Contraloría General de la república en su informe (FOE-AM-19-2004).

Actualmente se usan alrededor de dos mil plaguicidas en Costa Rica que nunca fueron evaluados ambientalmente. Con los nuevos reglamentos se perpetua la incertidumbre y se dificulta que las instituciones estatales puedan evaluarlos a profundidad para determinar si se deben prohibir en Costa Rica, tal y cual los prohíben en otros países desarrollados.

Con la publicidad engañosa sobre la necesidad de modernos plaguicidas porque son menos contaminantes. Incluso el sector agroindustrial ha exigiendo la aprobación casi que expedita de nuevos plaguicidas sin cumplir la evaluación sobre el riesgo para el ambiente que debería hacer el MINAE y, de ser posible, hasta sin la evaluación del riesgo para la salud humana, argumentando que desde hace más de 20 años esos plaguicidas están en el mercado.

No obstante no es cierto para todos los casos que los nuevos venenos por ser nuevos y modernos contaminan menos. Por el contrario, de la lista de plaguicidas nuevos que tiene publicada el SFE (plaguicidas que solicitan protección de datos) se sabe que son altamente persistentes, es decir que aunque se usen en menor cantidad se mantienen en el ambiente por largos periodos de tiempo y hace que estos sean una amenaza real y constante para los mantos acuíferos y la vida misma. ¡No nos dejemos engañar!  

Como y es sabido no todo plaguicida nuevo es inherentemente mejor o menos contaminante y pueden suponer graves riesgos para el bienestar de la finca campesina y de las familias costarricenses, así como para el ambiente.

El Estado de Costa Rica (país mega diverso que alardea de la protección ambiental) debe fortalecer su institucionalidad para que el registro de plaguicidas se realice con total autonomía y profesionalismo. Facilitar la venta de agrotóxicos alivianándole los trámites a las poderosas trasnacionales del agroveneno solo beneficia a unos cuantos y nos pone en riesgo a todos.

Lamentamos que el nuevo Ministro de Agricultura pareciera representar hoy el continuismo de la administración anterior en este histórico retroceso. Más pareciera que tenemos un nuevo mayordomo de los intereses comerciales, que giran alrededor del negocio del veneno, que un Ministro que busque balances y consensos. Desde el sector ecologista sonamos ya los tambores de guerra para que no se imponga el beneficio privado sobre la salud pública y ambiental.

Decretos firmados sin consultas.

Uno de los decretos en cuestión no fue consultado con el MINAE, Como deberían de hacerse correctamente las cosas por mandato de la Contraloría General de la República, tal y cual lo confirmó el Señor Ministro Edgar Gutiérrez en sus declaraciones del 19 de enero en la Prensa Libre. http://www.reglatec.go.cr/

Tampoco fue consultado el Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La ORT es la comisión interministerial cuya misión es contribuir a la elaboración de los reglamentos técnicos, mediante el asesoramiento técnico en el procedimiento de emitirlos. La ORT es el encargado de coordinar, con los respectivos ministerios, la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficientemente la protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados. (http://www.reglatec.go.cr/)

Es evidente que este es un decreto a la medida de las necesidades de quienes buscan vender agro tóxicos de forma fácil y expedita. Pero lo que está en juego es la salud de los agroecosistemas y las familias campesinas.

El Gobierno de la Participación Ciudadana, bajo la administración de Luis Guillermo Solís y el ministro Luis Felipe Arauz, se precipitó en sacar nuevos reglamentos de agrovenenos sin consultar ampliamente, más solamente a los dueños de tan suculento negocio. Detrás de este combo de decretos se encuentra un intento desesperado de la agroindustria en legalizar cientos de plaguicidas que nunca han sido evaluados por las autoridades costarricenses, debido a que los mismos fueron introducidos al país antes que las actuales leyes y normativas correspondientes.

El Gobierno de Carlos Alvarado debería revisar estos reglamentos para que se corrijan las falencias propiciadas en el Gobierno anterior y no permitir los registros sin respaldo técnico ni legal, y no hostigar a los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado o del Ministerio de Ambiente y Energía así como al Ministerio de Salud, que deben velar por la correcta evaluación de los plaguicidas, previo a su registro.  Por el contrario, el Gobierno debería dotar de recursos, incluyendo más personal especializado, y capacitación a los técnicos de estos ministerios, para que hagan una evaluación de los plaguicidas más rigurosa, en beneficio de los agricultores del país, para proteger la salud de los usuarios de los plaguicidas y de los consumidores, así como para proteger el ambiente.  Esto es más importante que la protección del negocio de unas cuantas grandes empresas y políticos locales.

Algunas observaciones puntuales al combo del agroveneno:

Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S Reglamento Técnico: “RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. Rige seis meses después de su publicación. La Gaceta No. 10 del viernes 13 de enero del 2017

 El portillo de la declaración jurada

En el punto: 8.4.1 y el 8.4.2.6 el nuevo reglamento obliga al MINAE, MINSA y MAG a aceptar plaguicidas basándose en la entrega de documentos técnicos cobijados por una declaración jurada. En esta declaración las empresas del veneno solicitan el registro de los plaguicidas indicando (mediante declaración jurada) que el mismo ha sido registrado en otro país miembro de la  OCDE con los papeles que se adjuntan. El problema de esto es que los funcionarios de los ministerios quedarían amarrados de manos para verificar la información técnica entregada dado que la declaración jurada y el decreto en cuestión cierran esta posibilidad. De esta forma podría ser traspapelada información crucial para tomar medidas importantes en la protección de la salud ambiental y publica en general. Además, quién garantiza que las condiciones de uso bajo las cuales fue registrado el plaguicida en los países de OCDE son similares a las de Costa Rica?

Decreto Ejecutivo No. 39995 Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas Formulados. La Gaceta 16 de enero 2017.

 

El nuevo decreto facilita registrar plaguicidas con información referenciada que no necesariamente podría corresponder a lo que se está registrando:

Una “novedad” que establece el reglamento recién aprobado es el registro de forma referenciada de los Ingredientes Activos en Grado Técnico (IAGTs) o sea venenos agrícolas. Lo anterior facilitaría a las empresas legalizar sus registros que tienen más de 10 y 20 años de estar en el mercado, sin un análisis completo por parte de las autoridades nacionales en materia de toxicología ambiental ni de salud humana.  Alrededor de dos mil plaguicidas, están siendo usados en Costa Rica, sin que se verifique su eficacia para el control de plagas. Muchos de estos prohibidos en otros países (OCDE y otros) por su alta toxicidad o sus impactos a la vida misma.

Al ser plaguicidas con una larga historia de antigüedad, las empresas señalan no tener los estudios propios y quieren referenciar (al mejor estilo copy /paste) que sus moléculas tóxicas son exactamente las mismas que las de otras compañías que las han registrado con estudios propios. Pero ni siquiera pueden demostrar la similitud de sus moléculas con las de los otros.  El problema es que el papel aguanta lo que sea y no necesariamente la pureza de un IAGT de una compañía es la misma de otra compañía que haga un producto genérico. Por ejemplo, si la compañía marca Venenos Patito SA presenta los papeles de referencia de otra compañía diciendo que  su veneno es el mismo de la original y en realidad podría venir con contaminantes peligrosos para la vida se estaría registrando y legalizando un plaguicida diferente al de la supuesta referenciación. Sobre este procedimiento la Contraloría General de la Republica ya se había pronunciado señalando que es inaceptable el registro en base a información referenciada. (FOE-AM-19-2004).

En el programa de Radio de Amelia rueda el día 19 de enero 2017, El señor Ministro Luis Felipe Arauz dijo que el informe FOE-AM-19-2004 es obsoleto porque tiene 12 años y que la FAO ahora sí permite la información referenciada; pero las directrices de la FAO del 2010 a las que se refiere el señor Arauz claramente dicen que las autoridades no deben aceptar datos y evaluaciones de otros productos que no son de su propiedad (Directrices para el registro de plaguicidas, FAO/OMS 2010). Precisamente con el nuevo reglamento lo que se permite es que se registren plaguicidas con estudios referenciados que no necesariamente estarían en lo correcto.

Desde la Federación Ecologista creemos que el Estado Costarricense debe de fortalecer, robustecer, dar herramientas técnicas y legales para que el los ministerios de Ambiente y Salud puedan hacer análisis completos con información fehaciente. No se debe eximir de estos procesos a ningún registro ni a ninguna empresa, sean estos genéricos o de marca.

El portillo de la información referenciada permitirá a compañías de agro tóxicos meter gato por libre y amarra de las manos las instituciones para poder exigir información fehaciente de primera mano.

Principio de Carga de la Prueba: La Carreta delante de los bueyes.

En el artículo 7 del DE-39995, sobre el plazo de vigencia de un registro, indica que “Cuando los Ministerios competentes demuestren un riesgo inaceptable para la salud humana, el ambiente o la agricultura, el Servicio Fitosanitario restringirá o prohibirá su uso” La Carga de la prueba no debería estar en el Estado Costarricense. Son las empresas que deben de garantizar y sobre todo probar que sus productos son inocuos para la salud pública y el ambiente.

Desde la Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza consideramos que, tal y cual lo plantea el reglamento, las empresas tendrían la posibilidad de lavarse las manos ante una eventual incidente (daño a la salud pública o ambiental, por ejemplo) indicando que el Estado nunca se pronunció ni hizo nada para demostrar que X producto debería ser retirado del mercado.

A manera de conclusión:

Don Felipe Arauz, entonces Ministro de Agricultura y Ganadería, y el Presidente Solís Rivera le alcahuetearon a las empresas del agroveneno (En una de ellas participa activamente el hermano del expresidente y se llama INQUISA) sus exigencias para legalizar los venenos de forma fácil y así seguir posicionando a Costa Rica como el país más fumigado del mundo.

¿Qué piensa hacer al respecto el nuevo Ministro de Agricultura asesorado directamente por el abogado de CANAPROGE? Ya bien sabemos que la mano peluda se anda moviendo para quitar funcionarios responsables en el MAG y presionar al Ministerio de Ambiente para que no sean un estorbo al negocio de los agrotóxicos en Costa Rica.

CONTACTOS:

Teléfono (vía Whatapp): 87609800

CARTA PUBLICA AL SEÑOR PRESIDENTE. SOBRE ASESORES DEL VENENO. QUE NO LO AGARREN AZANDO ELOTES